El juez federal de San Rafael, Raúl Acosta, solicitó que se investigue el secuestro y tortura de un menor durante el gobierno constitucional de Estela Martínez de Perón.
El magistrado sureño ya había provocado un verdadero revuelo nacional cuando la semana pasada imputó y pidió que sean detenidos la ex presidenta y los ex ministros Ítalo Lúder, Carlos Ruckauf y Antonio Cafiero por la desaparición de Héctor Fagetti, el 25 de febrero de 1976.
A este hecho se suma ahora el de Jorge Berón, secuestrado cuando tenía 17 años, el mismo día que Fagetti.
Acosta solicitó al fiscal Francisco Maldonado que investigue a Isabelita y a sus ex funcionarios por torturas y privación ilegítima de la libertad de Berón agravada por ser un menor de edad.
Una vez que el fiscal Maldonado lo requiera, el magistrado sureño hará las imputaciones correspondientes, lo cual significa que de resultar acusados deberán ser indagados.
No se excluye que el juez pida, al igual que lo hizo con el caso Fagetti, que los sospechados sean detenidos.
A pesar de ser menor de edad, Berón fue trasladado desde San Rafael hasta la Penitenciaría de Mendoza cuando no correspondía hacerlo por tratarse precisamente de un adolescente.
Durante su secuestro fue torturado con picana eléctrica en todo su cuerpo, lo que significó además que perdiera gran parte de su dentadura.
Posteriormente fue trasladado de la Penitenciaría de Mendoza a la Unidad Penitenciara 9 de la ciudad de La Plata y allí cumplió sus 18 años. Fue liberado en 1977.
El viernes, y tras ser citado por el juez Acosta, quien investiga otras desapariciones producidas durante el gobierno constitucional y la dictadura militar, Berón hizo un relato escalofriante sobre lo ocurrido durante su cautiverio.
Este hombre, que hoy tiene 47 años es casado y tiene hijos, reside en San Rafael.
Durante los primeros meses de la dictadura militar, en agosto de 1976, su hermano Guillermo también fue secuestrado y desaparecido.
Con respecto de la causa por Fagetti, y por la cual Acosta pidió el arresto de Isabel, Ruckauf, Lúder y Cafiero, aún no recibió el informe de la Policía Federal remitiéndole la constatación de domicilios.
Ante el temor de ser detenido, Cafiero, a través de su abogado, Tíndaro Fernández, pidió la eximición de prisión, sobre la cual el magistrado sanrafaelino aún no se expidió.
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