El dato de que un juez de San Rafael, Mendoza, habría pedido la detención de, entre otros, la ex presidenta María Estela Martínez de Perón y sus ex ministros Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf generó sorpresa en el entorno de "Isabel" y en los dirigentes peronistas. La medida estaría basada en tres decretos que fueron firmados por todo el gabinete nacional en 1975 que habilitaron a las Fuerzas Armadas a "aniquilar el accionar de los elementos subversivos".
Según el diario mendocino Los Andes, el juez Raúl Acosta, en una causa por desaparecidos, dispuso la detención de la ex presidenta, del ex ministro de Trabajo Carlos Ruckauf, del fallecido ex ministro del Interior Ángel Federico Robledo, del ex ministro de Relaciones Exteriores Manuel Arauz Castex, del ex titular de Defensa Tomás Vottero, del ex ministro de Economía Antonio Cafiero y del ex titular de la cartera de Bienestar Social Carlos Emery.
No sería la primera vez que esos decretos les generan problemas judiciales a los entonces funcionarios. Por ejemplo, Ruckauf fue citado por la justicia francesa cuando era canciller del gobierno de Duhalde, en 2002, por ese tema.
Esta mañana, en declaraciones radiales, el ahora legislador nacional Ruckauf dijo que fueron "víctimas, no cómplices".
Por su parte, Cafiero se mostró enojado: "¿Qué tenemos que ver nosotros con la desaparición de personas? Esperemos tener alguna noticia más comprobable. Son los gajes del oficio, a nosotros nos metieron presos igual que a todos ".
Según consigna el diario mendocino, también se responsabilizaría a los funcionarios por la detención de menores que fueron enviados a la Penitenciaría provincial pese a la Ley de Minoridad que lo prohibía.
En tanto, uno de los abogados de la viuda de Perón afirmó en la señal de televisión TodoNoticias que la única información que tenía le había llegado por canales periodísticos y que la medida judicial había sorprendido.
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